¿CUANDO SE INICIO ESTE FLAGELO?
¿CUANDO TERMINARA?TERMINO DE UN ESTADO DE DERECHO EN CHILE
DECLARACIÓN DE UN GOBIERNO ANTICONSTITUCIONAL
1973-1990
DECRETO SUPREMO 14/DICIEMBRE/1951 ESTADOS DE EMERGENCIA ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y SUS BANDOS
LEY DECRETO SUPREMO Nº 1.445
OPINIÓN POLÍTICA Y SOLIDARIDAD SOCIAL AGRUPACIÓN SOCIAL DE RESERVISTAS SANTIAGO EL BOSQUE
1973-1990 * 2010-2011
Reconocimiento a la sociedad civil y sus Derechos Constitucionales Decreto Supremo 1.445 del 14/Diciembre/1951.
La urgente Necesidad Social en Chile de establecer soluciones, en materia de Pobreza y Extrema Pobreza nos obliga a detallar y entregar este trabajo de investigación realizado en el periodo del Presidente Ricardo Lagos Escobar.
(Catastro Nacional de Personas en situación Calle).
Junto con esto la importancia de establecer un informe serio del contingentes periodos del servicio militar obligatorio en los años 1973-1990, que por motivos de la declaración de los estados de excepción decretados en el golpe militar estable de forma y manera arbitraria violando con estos todos los derechos ciudadanos de jóvenes que cumpliendo una ley de Estado vieron el cambio y daño sufrido por causas total mente ajenas a sus voluntades es por este motivo se solicita crear una comisión investigadora de tales atropello a la dignidad de las personas, y más a un cuando estos eran en su gran mayoría menores de edad.
El Estado es garante de velar por la integridad de sus ciudadanos y a su ve cumplir con lo que nuestra constitución Política a si lo señala.
Pobreza y extrema pobreza en Chile: agrupación social de ex conscriptos periodos 1973-1990 de Chile de la comuna el bosque, en una iniciativa conjunta y organizada, sin distinguir color político no tiene fines de lucro ni comparte forma alguna de exclusión social. Basamos nuestras actividades en un trabajo colaborativo, respetuoso y voluntario basados en estudios realizados por grandes instituciones sociales como el hogar de cristo, centro de estudios libertad y desarrollo y fundación para la superación de la pobreza con el fin de investigar el gran daño social que genero el servicio militar obligatorio periodos 1973-1990 de Chile y que quedo de manifiesto en el catastro nacional de personas en situación de calle realizado el 28 de julio del 2005 y que dio como resultado 7254 personas de las cuales el 85% eran varones entre 30 y 47 años de los cuales muchos de ellos habían realizado su servicio militar obligatorio ,quedando en evidencia que una ley de estado genero pobreza y extrema pobreza en Chile.
Un proyecto solidario de desarrollo debe incluir por lo menos las siguientes notas:
el respeto por la dignidad de todos y de cada uno. Esto significa la convicción de que todos son personas humanas. Esto que parece tan evidente es de hecho, constantemente violado. En nuestra sociedad actual se clasifica a determinadas Un proyecto solidario de desarrollo Un proyecto solidario de desarrollo debe incluir por lo menos las siguientes notas:
1. el respeto por la dignidad de todos y de cada uno. Esto significa la convicción de que todos son personas humanas. Esto que parece tan evidente es de hecho, constantemente violado. En nuestra sociedad actual se clasifica a determinadas personas por sus ideas y se convierten automáticamente como malas y se condenan rápidamente a la muerte. Al respecto, la. Doctrina de la seguridad Nacional es nefasta porque divide la sociedad en buenos y malos, amigos y enemigos, inteligentes y tontos útiles, y conduce a una lógica mortífera de eliminación de seres humanos. La. Doctrina de la seguridad Nacional es un verdadero aborto social, porque determina por conveniencia quién debe vivir y quién morir.
2. El respeto por la dignidad de todos y cada uno se traduce en el respeto efectivo a los derechos humanos de la sociedad y de todo ciudadano.
El 28 de julio. 2005 pasado se llevó a cabo el primer catastro nacional de personas en situación de calle. El proceso tuvo lugar en ochenta comunas de Chile, que representan el 75% de la población, movilizándose alrededor de cinco mil voluntarios que concurrieron a los 890 puntos de calle que se detectaron para realizar este diagnóstico. Los resultados dieron cuenta de que 7.216 personas viven sin un hogar en las calles a lo largo del país, de las cuales el 48% se encuentran en la. Región Metropolitana.
De acuerdo a la terminología usada por Mideplan, se consideran personas en situación de calle aquellas que no cuentan con una vivienda a la cual acceder, ya sea por opción personal o por condiciones de vulnerabilidad social, lo que la obliga a permanecer el día y/o la noche en lugares públicos, de manera temporal, permanente o crónica. Se comprenden entre las personas en esta situación, a quienes viven en hospederías solidarias, en hospederías comerciales, en la vía pública o en caletas (áreas de ríos, bajo los puentes o callejones sin salida), lugares donde principalmente se encuentran niños y jóvenes.
Sin duda, esta cruda realidad no puede pasarnos inadvertida. La prioridad de toda sociedad debe estar en quienes más lo necesitan, en los más pobres entre los pobres. Es por ello que se constituye en una urgencia realizar todos los esfuerzos posibles por atender los requerimientos básicos de quienes conforman el 18% de la población más pobre del país, pero con especial atención, respecto de quienes son calificados como indigentes (aquellos que pese a destinar todos sus ingresos a satisfacer las necesidades alimentarias no logran cubrirlas adecuadamente -$21.856 Per cápita urbano-) y de quienes viven en situación de calle.
En este sentido, y desde la perspectiva de eficiencia y eficacia que debe orientar las políticas públicas de un país, no puede desperdiciarse ni un solo minuto ni un solo peso en lograr dicho objetivo. Es por ello, que si bien la superación de la pobreza ha sido efectivamente un tema en el cual se ha avanzado en los últimos años, proceso en el que cabe mencionar al Sistema Chile Solidario, la modernización de la Ficha Cas-2 (Ficha Familia) y el referido Catastro Nacional de personas en situación de calle, la realidad nos muestra que aún sigue siendo una tarea respecto de la que no nos podemos dar por satisfechos.
De esta forma, llama la atención que el catastro nacional de personas en situación de calle se haya llevado a cabo de manera tan tardía. Lo esencial para poder llevar a cabo con éxito una política pública es su prioridad y focalización, por lo que no haber contemplado desde el comienzo -en paralelo al establecimiento del Chile Solidario, sistema que está diseñado en base a la encuesta CASEN 2000 -, un catastro de quienes viven en situación de calle, no es sino el resultado de un deficitario proceso de jerarquización. Máxime, si durante todo el tiempo de difusión del Sistema Chile Solidario, se señaló a la ciudadanía que su objetivo era precisamente incorporar a las personas en situación de indigencia a la red de atención social del Estado.
Ya en agosto de 2003, el ex Ministro de Interior, José Miguel Insulza, en su calidad de Vicepresidente de la República, había comprometido esfuerzos para identificar a las personas en situación de calle y entregarles atención mediante el Sistema Chile Solidario. Desde entonces, se hicieron estudios y planes pilotos para ver de qué forma se realizaba a nivel nacional. El resultado: el catastro es sin duda un instrumento necesario y de gran utilidad en la implementación de políticas específicas para los afectados, pero tardío.
Sin embargo, uno de los elementos que cabe destacar respecto de la forma en que se llevó a cabo el proceso, es el esfuerzo conjunto del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil, como el Hogar de Cristo y la. Corporación Nuestra Casa. Así, el gobierno reconoce la necesidad de actuar en alianza con el mundo privado y este último da cuenta del nivel de compromiso y profesionalismo con el que aborda las problemáticas sociales, constituyéndose, sus diversas organizaciones, en las principales colaboradoras del Estado.
Experiencias como las señaladas se pueden encontrar por cientos a lo largo del país. Es por ello que resulta cada vez más razonable y justo atender, con la mayor prontitud y visión a largo plazo, la demanda de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de los propios ciudadanos, por modificar y ampliar las normas que hoy regulan las franquicias tributarias a las donaciones que se realizan en beneficio de organizaciones sociales que atienden el interés público.
En la actualidad, la legislación sobre la materia se encuentra dispersa en distintos cuerpos normativos, contempla diversos requisitos y obligaciones según la finalidad de la donación y considera -Ley Nº 19.885- algunos criterios de común aplicación a todo tipo de donaciones, que en la práctica ha restringido el uso de los mecanismos de incentivos tributarios.
De esta forma, la propuesta es una normativa general, que permita espacios de flexibilidad según los fines de la donación, pero que principalmente considere dos ámbitos de acción. Por una parte, los incentivos tributarios respecto de las donaciones que efectúen las empresas y por otra, los incentivos tributarios a las donaciones que realicen las personas naturales. Como asimismo, el establecimiento de un mecanismo de democracia tributaria, mediante el cual el ciudadano pueda destinar parte de sus tributos a una organización de la sociedad civil, otorgando de esa forma su voluntad en el destino del gasto social del Estado.
Sin lugar a dudas, la mejor alianza estratégica que puede realizar el Estado es una con sus ciudadanos y el mejor reconocimiento a esa valorización son los hechos concretos que demuestren confianza y reciprocidad entre ambos actores. Por lo tanto, no cabe sino esperar que el Ejecutivo cumpla con su compromiso e inicie -a la brevedad- la discusión legislativa de las necesarias modificaciones a la. Ley de Donaciones.
No hay participación sin libertad y no existe verdadera libertad si no se permite la participación. Y Sólo la libertad y la participación engendran un sentido de responsabilidad frente a la sociedad.
El respeto por la dignidad, la práctica de los derechos humanos y una sociedad libre y participativa sólo serán auténticos en la medida en que incluyan a los excluidos.
Es preciso realizar una lectura de la sociedad desde su reverso, desde aquellos que sufren y que por tanto tiempo han sido condenados al silencio. Los empobrecidos han sido “objeto” de los distintos planes que sobre ellos se han elaborado.
¿Será posible encontrar con este gobierno? y crear un sistema de reparación y causes sociales que hagan de los olvidados ex –conscriptos por sus derechos que el Estado de Chile. Olvido.
En el fondo, la pregunta es: ¿serán capas está sociedad en su conjunto? Con autoridades de los poderes del estado evaluar. Lo reconocido, dignificar, valorizar, y reparar el gran daño causado a tantos ciudadanos que por cumplimiento a una ley de servicio militar obligatorio, hoy muchos de estos ciudadanos chilenos padecen el flagelo social de una exclusión indigna frente a un estado que permanece impávido e indolente frente a una verdad que supera los limites solidarios establecidos en todo acto de compromiso supremo de la nación junto al incumplimiento de parte de un estado deudor.
Creo firmemente en la voluntad de Dios todo poderoso invocar su infinita sabiduría para otorgar a las autoridades de gobierno e instituciones comprometidas por nuestra constitución política, sepan resolver de forma pronta y oportuna el infortunio de esta deuda invocando al derecho a petición de establecer mesa de trabajo
Directores: PEDRO DELGADO DONOSO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES
jorge vargas
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